AC1388-2017

Radicación n° 11001-02-03-000-2016-03013-00



Bogotá D.C., seis (6) de marzo de dos mil diecisiete (2017).


Se decide el recurso de queja que interpuso la parte demandante contra la providencia proferida el dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, mediante la cual negó la concesión del recurso extraordinario de casación formulado contra la sentencia de quince de abril de dos mil dieciséis.


I. ANTECEDENTES


1. Evelia García Santamaría inició demanda ordinaria contra Transportes Santiago de Cali S.A., Martha Cecilia Valencia Arango y Norbelly Grisales Ospina, a fin de que se les declarara civil y extracontractualmente responsables de la muerte de su compañero permanente Wilson Delgado Gómez. [Folio 32, c.1 copias]


2. En consecuencia, solicitó, se les condenara a pagar como perjuicios materiales por lucro cesante futuro y consolidado las sumas de $46’276.400 y $193.233.570; y como daño moral $143’200.000. [Folios 33, c. 1 copias]


3. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, el que después de agotar el trámite de rigor, dictó sentencia en la que denegó las pretensiones. [Folios 330, 339, c.1 copias]


4. Apelada la decisión por la demandante, el Tribunal Superior del referido Distrito Judicial, en fallo dictado el 1º de agosto de 2016, confirmó lo resuelto por el a-quo. [Folios 20 a 28, c. 7 copias]  


5. Contra la anterior providencia, el extremo activo de la litis formuló casación. [Folio 29, c.7 copias]


6. En providencia de 16 de agosto de 2016, el ad quem, negó la concesión de la impugnación extraordinaria, por considerar que en el caso no se alcanzaba la cuantía del interés para recurrir según lo dispuesto en el artículo 388 del Código General del Proceso. [Folio 31, c. 7 copias].


7. Frente a la determinación precedente, la recurrente interpuso reposición y en subsidio solicitó queja, con sustentó en que el caso, como quiera que el juicio en vigencia de las normas del Código de Procedimiento Civil, eran las reglas dispuestas en éste ordenamiento las que debían regir su recurso, de ahí que como en éste se establecía como cuantía 425 salarios mínimos legales mensuales vigentes y sus pretensiones superaban ampliamente dicho valor, era claro que era procedente su concesión. [Folio 32 a 34, c.7 copias]


8. En auto de 20 de septiembre de 2016, el Tribunal resolvió no reponer el auto cuestionado, y en consecuencia, ordenó la expedición de copias para que se surtiera el recurso subsidiario, lo que explica la presencia de las diligencias en esta sede. [Folios 37 y 38, c. 7 copias]


II. CONSIDERACIONES


1. Es claro que la Ley 1564 de 2012, por ser una norma de orden público, se debe aplicar a partir del momento de su entrada en vigencia a todas las situaciones jurídicas y de hecho, incluso a aquellas que han estado gobernadas por una norma procesal anterior, pero cuyos efectos jurídicos no se han consolidado al momento de entrar a regir la nueva disposición, y ello se explica, por el carácter inmediato que se estableció en el artículo 624 ejusdem, modificatorio del artículo 40 de la Ley 183 de 1887.


Sin embargo, el Código General del Proceso, a efectos de que dicho tránsito entre una legislación y otra, no fuera traumática o pudiese generar inseguridad jurídica entre los funcionarios o usuarios de justicia, estableció en su artículo 625 del Código General del Proceso, un régimen establece las reglas para la transición de aquellas controversias que se iniciaron bajo el anterior estatuto procesal, específicamente, en el numeral 1º de tal precepto se regula frente a los procesos ordinarios, como el del presunto asunto, así:


1. Para los procesos ordinarios y abreviados:


a) Si no se hubiese proferido el auto que decreta pruebas, el proceso se seguirá tramitando conforme a la legislación anterior hasta que el juez las decrete, inclusive.


En el auto en que las ordene, también convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código. A partir del auto que decrete pruebas se tramitará con base en la nueva legislación.


b) Si ya se hubiese proferido el auto que decrete pruebas, estas se practicarán conforme a la legislación anterior. Concluida la etapa probatoria, se convocará a la audiencia de instrucción y juzgamiento de que trata el presente código, únicamente para efectos de alegatos y sentencia. A partir del auto que convoca la audiencia, el proceso se tramitará con base en la nueva legislación.


c) Si en el proceso se hubiere surtido la etapa de alegatos y estuviere pendiente de fallo, el juez lo dictará con fundamento en la legislación anterior. Proferida la sentencia, el proceso se tramitará conforme a la nueva legislación.


De lo cual se colige que en esta clase de litigios, surgen tres hipótesis de las normas que regulan su trámite a partir de la entrada en vigencia del nuevo ordenamiento adjetivo civil. La primera cuando no se han decretado a pruebas, caso en lo cual el juicio se tramitara conforme a la legislación anterior hasta que se ordenen, y en la providencia en la que ello se disponga se citará a la audiencia de instrucción y juzgamiento.


La segunda si ya las probanzas fueron decretadas, las mismas se practicaran de acuerdo a la norma anterior, y una vez surtida dicha etapa se fijara fecha para audiencia de instrucción y juzgamiento, de acuerdo al Código General, pero únicamente, para alegaciones y fallo. 


Y la tercera, que importa para resolver el presente  recurso, se configura cuando ya se hubiese surtido la etapa de alegaciones y estuviere pendiente de sentencia, caso en el cual la determinación se tomara de acuerdo en la ley anterior y dictada la misma el proceso debe tramitarse de conformidad con la nueva legislación.


2. Por lo tanto, no cabe duda, que el asunto inició cuando estaba rigiendo el Código de Procedimiento Civil y el Tribunal profirió la sentencia el 1º de agosto de 2016, también de conformidad con las reglas contempladas en dicha normatividad, esto es por escrito, surtida tal actuación, las demás etapas del litigio deben seguirse de acuerdo a las dispuestas en el nuevo estatuto, dentro de ellas los recursos como el de casación, en especial cuando éste se presentó en vigencia de la Ley 1564 de 2012, esto es después del 4 de agosto de 2016.


Interpretación que se ajusta, también a lo dispuesto en el numeral 5º del artículo 625 ejusdem, el cual establece que:


No obstante lo previsto en los numerales anteriores, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.


Así que si la sentencia fue expedida el 1º de agosto de 2016 y la impugnación extraordinaria presentada el 4 de ese mismo mes y año, para cuando ya estaba rigiendo el Código General del Proceso, su trámite se debe ajustar a las previsiones de dicho ordenamiento, en especial los requisitos para su procedencia establecidos en los artículos 333 a 351, incluyendo dentro de éstos la cuantía del interés para recurrir, sin que puedan tenerse en cuenta los regulados en los preceptos derogados, como lo sugirió la recurrente.


3. Ahora bien, cuando las pretensiones son económicas, debe establecerse «el valor actual de la resolución desfavorable al recurrente», tal como lo refiere el artículo 338, y que se determina por el monto de los perjuicios que la sentencia ocasiona al impugnante, estimados al momento en que ésta se profiere.


Dicho interés, por tanto, está supeditado a la tasación económica de la relación jurídica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, vale decir a la cuantía de la afectación o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resolución que le resulta desfavorable, evaluación que debe efectuarse para el día del fallo, aunque, valga decirlo, cuando la «sentencia es íntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma» (CSJ AC, 28 Ago 2012, Rad. 01238-00), siendo imperativo someterse a los parámetros que el aludido escrito establece.

  Ahora bien, de conformidad con el citado artículo 338 del Código General del Proceso, el interés mínimo para recurrir en casación es de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, monto que para el año en el que se profirió la sentencia ascendían a $689’454.000.


4. En el caso al revisar el libelo introductor, se encuentra que la accionante al acudir a la jurisdicción, reclamó además de la declaratoria de responsabilidad civil de la parte demandada, que se le condenara a pagar los perjuicios de orden moral y lucro cesante consolidado y futuro, ocasionados con el fallecimiento de su compañero permanente, los cuales señaló el primero ascendía a $143’200.000 y los segundos, 46’276.400 y 193’233.570, para un total de 382’709.970.


Cifra que debe actualizarse hasta la fecha en que el juzgador de segunda instancia decidió el asunto, es decir, 1º de agosto de 2016.


Para indexar esos montos de dinero con base en el índice de precios al consumidor – IPC, se tendrá en cuenta la siguiente fórmula:


                  Íf

Vp = Vh ---------- : 

                 Íi

En donde,


Vp  es el valor presente que debe calcularse;


Vh es el valor histórico o aquel que se va a actualizar, que para este caso es $382’709.970;


Íf es el índice final para agosto de 2016, que equivale a 132,85;


Íi es el índice inicial del IPC, esto es, el reportado para el mes de octubre de 2004, fecha de la presentación de la demanda, que fue de 79,75.


Realizada la operación, se obtiene el resultado que sigue:        

       

                                   132,85

Vp = $382’709.970 X  --------------- = $637’817.968

                                         79,75



Luego, lo pretendido por los demandantes asciende con indexación a la fecha en que el Tribunal resolvió la litis, a $637’817.968, valor que guardan correspondencia con el valor actual de la determinación perjudicial, y que no supera el fijado en la ley como monto del perjuicio que habilita el recurso impetrado ($689’454.000 para el año 2016). 


4. Lo hasta ahora discurrido conduce a concluir que la casación estuvo bien denegada y así será declarado, pues ciertamente la impugnante no tiene el interés para recurrir, toda vez que no alcanza el establecido por el Código General del Proceso, norma que regula el asunto, como quiera que se encontraba vigente para la fecha en que se profirió la sentencia y se interpuso el recurso.


III. DECISIÓN


En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, RESUELVE:


PRIMERO. DECLARAR bien denegado el recurso de casación que interpuso la parte actora contra la sentencia proferida el 1º de agosto de dos mil dieciséis por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.



SEGUNDO. DEVOLVER la presente actuación al Tribunal de origen para que forme parte del expediente respectivo.



Notifíquese y cúmplase,





ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado